Los anunciantes han ofrecido al Estado financiar la parte del presupuesto de RTVE que ha sido considerada ilegal por los servicios jurídicos de la Comisión Europea. En concreto, se trata de la aportación que debían hacer las operadoras de telecomunicaciones, a la que se ha declarada contrario el citado organismo, según adelantaba el diario Expansión.